MÉRIDA, Yuc. (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal promovieron una acción de inconstitucional en contra de la reforma al Poder Judicial de Yucatán, que fue presentada por la bancada de Morena en febrero de este año. La “reforma yucateca” se publicó el 5 de marzo de 2025 en el Diario Oficial del Estado de Yucatán.
De resolver a favor de los promoventes, todos los magistrados tendrían que ser sometidos a votación. Es decir, se removerían de sus cargos a los seis que se acordó permanecerían en sus puestos, en la elección judicial que se llevará a cabo este año.
La acción de inconstitucionalidad 44/2025 fue admitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado 8 de mayo. Y busca que se declare la invalidez de los artículos 64 y 70 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, en materia de reforma al Poder Judicial del Estado de Yucatán.
El 26 de febrero de 2025, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Yucatán -y también líder de la bancada de Morena-, Wilmer Monforte, presentó el proyecto para presuntamente armonizar la legislación local con los cambios a nivel nacional en materia judicial. Una “reforma yucateca”.
“Acá en Yucatán se hicieron acuerdos donde se quedaban seis y se elegían a nueve y eso es lo que se está impugnado, dicen que todos tienen que ir en una boleta y algunos artículos que están impugnando”, declaró en entrevista el diputado.
El proyecto de ley estaba firmado por los representantes partidos aliados de Morena, los diputados del Partido Verde Ecologista de México, Harry Botello Fierro, y del Partido del Trabajo, Francisco Rosas Villavicencio.
Los expedientes 44/2025 y 45/2025 serán analizados por la ministra Loretta Ortiz Ahlf.
“Básicamente nos dicen que todos deben ir en una boleta”, reiteró.
Se pide la invalidez de puntos del artículo 70 que señalan que “se integrará por cinco magistradas y magistrados, electos por el voto popular en términos de esta Constitución, uno de sus integrantes tendrá el cargo de presidente. La presidencia será designada por dos años consecutivos por el voto mayoritario entre los miembros de dicho Tribunal, pudiendo ser ratificada por sus integrantes para continuar por un periodo más.”; esto porque todos los cargos deben ser electos por la ciudadanía.
Y del artículo séptimo que suscribe que “el periodo de las Magistratura del Tribunal Superior de Justicia que resulten electos en la elección extraordinaria del año 2025 o, en su caso, en el año 2026 a la que hace referencia este decreto, concluirá el año 2033 parados, y 2036 para siete de ellos, respectivamente”, se lee.
Finalmente, también buscan derogar el artículo 8 transitorio que protege a seis magistrados relacionados con el exgobernador del PAN, Mauricio Vila, y que fueron electos por el Congreso del Estado de Yucatán, que en ese entonces era mayoría panista.
“De las actuales 15 magistraturas, las magistraturas Tercer, Cuarto, Quinto, Sexto, Octava, y Decimosegunda, quienes a la fecha de este decreto ejercen la presidencia de las salas y del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, serán prorrogadas únicamente respecto a sus cargas como magistrados o magistradas hasta la siguiente elección estatal en 2036”, detalla.
Las personas relacionadas con esas salas son Mario Alberto Castro Alcocer, Lizette Mimeza Herrera, Alberto Salum Ventre, Mauricio Tappan Silveira, Patricia Gamboa Wong y María Carolina Silvestre Canto Valdés.
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