CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de la presidenta Claudia Sheinbaum, viola disposiciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y podría colocar al país en una posición comparable a regímenes autoritarios como los de Venezuela y Nicaragua, así lo señaló el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones.
En su posicionamiento público, la institución analizó la reforma enviada por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, señalando que se pretende reconfigurar de fondo el sistema de telecomunicaciones en el país, pero para mal.
Lejos de ser una propuesta innovadora, el organismo sostiene que guarda una preocupante similitud con lo impulsado por el expresidente Enrique Peña Nieto, que fue lo que tanto criticaron los gobiernos morenistas.
“La reforma enviada ayer por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión es una copia, con ‘parches’ mal pensados y estructurados de la reforma peñista del 2014”, subrayó el organismo.
Según el IDET, a detalle, la propuesta contradice los principios del T-MEC, al plantear una protección sistemática a los monopolios nacionales, ya sea públicos o privados.
Uno de los puntos más delicados del análisis del IDET gira en torno a la creación de la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), encabezada por José Antonio Peña Merino.
Sobre ello, se alerta sobre el desequilibrio institucional que implica concentrar el diseño y ejecución de esta reforma únicamente en Peña Merino, desplazando indebidamente las atribuciones constitucionales de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Gobernación.
“En franco choque con las reformas constitucionales que se dieron apenas hace un par de meses”, advierte el documento.
Según el boletín, se menciona la eliminación de la independencia del regulador —antes garantizada por el ahora extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)— y la tolerancia a que empresas estatales se conviertan en monopolios, contraviniendo los principios de competencia justa.
“Esto desde la independencia mandatada del regulador para tomar decisiones en el T-MEC, hasta la permisibilidad de que empresas controladas por el estado sean abiertamente monopolios, en violación de las reglas de competencia”, se lee en el boletín.
Estas preocupaciones no son aisladas. A inicios de abril, en plena guerra arancelaria con Donald Trump, se hizo público el Informe de la Estimación Nacional de Comercio de 2025 sobre Barreras al Comercio Exterior, publicado por el gobierno de Estados Unidos, subrayó que México mantiene barreras regulatorias significativas en el sector telecomunicaciones.
Señaló, además, que el entorno competitivo en el país sigue siendo limitado, con un mercado dominado por grandes empresas que conservan cerca del 70% de la cuota y que había sido identificado por el propio IFT como “agente económico preponderante”. De aquí destaca América Móvil —empresa del magnate Carlos Slim— y la propia Comisión Federal de Electricidad con su IFT.
“¿Se busca generar una nueva crisis en el T-MEC – que se perderá en cualquier panel arbitral – respecto a temas a los que México se comprometió en materia de fomento y apertura para la competencia en telecomunicaciones?”, cuestiona el instituto.
Pero el señalamiento más grave, sostiene el IDET, es la inclusión de disposiciones que permitirían a la ATDT censurar y bloquear información transfronteriza enviada por medios electrónicos.
El espectro de censura que plantea esta nueva agencia no es menor, alcanzaría también a emisoras de radio, canales de televisión, plataformas digitales e incluso aplicaciones como TikTok, Facebook o X.
“¿Se busca en México sacar del aire programas y plataformas tal y como acontece en Nicaragua y Venezuela? ¿Ya se dieron cuenta que la ATDT quiere definir y evaluar lo que digan los comunicadores? La Ley establece que la ATDT definirá qué es la veracidad de la información. Esto es censura pura y ruda nunca antes vista en México”, se asevera en el documento.
El IDET también advierte que las sanciones económicas propuestas en la reforma para las plataformas digitales y aplicaciones generarían un efecto inhibidor que, en los hechos, conduciría a su salida del país por los grandes montos de dinero a pagar.
Una reforma necesaria, pero mal planteada
A pesar de las críticas, el Instituto reconoce que sí se requiere una actualización profunda del marco legal en telecomunicaciones, dado el avance de tecnologías como la inteligencia artificial y la creciente demanda por servicios accesibles y de calidad.
No obstante, recalca que la reforma debe construirse sobre bases sólidas, democráticas y con respeto a los acuerdos internacionales.
“México está perdiendo una oportunidad para avanzar sus telecomunicaciones en beneficio de la población. Ojalá se hicieran foros abiertos para que los mejores académicos y especialistas de México y el mundo fortalezcan el futuro tecnológico de los mexicanos y no se retrotraigan derechos y tecnologías”, concluye el posicionamiento.
