CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Una situación angustiante viven 50 familias que fueron desalojadas extrajudicialmente de la Merced por la Fiscalía Ambiental de la Ciudad de México (Fidampu) cuando aseguró el edificio ubicado en General Anaya 27, el 9 de enero de 2024, y las expulsó a la calle, sin aviso previo y sin permitirles defenderse.
En protesta por el atropello sufrido, las familias mantienen cortada la vialidad de esa calle, que es una arteria que conecta el Centro con la salida hacia el Estado de México, por el Eje 3 Oriente. También, porque todas sus pertencias quedaron dentro de sus casas tras el aseguramiento, que dejó 20 niños sin hogar; entre ellos, hay un menor de edad de un mes de nacido durmiendo entre cartones a cielo abierto. A fines de mayo de este año, el día 31, nació otra bebé de una de las familias del campamento, quienes, manteniendo la protesta y sufriendo enormes dificultades por vivir en la intemperie, no han logrado que se atienda su situación ni que se repare el daño sufrido.
De acuerdo con lo que pudo confirmar este medio, la carpeta por despojo fue abierta denunciando una supuesta invasión ocurrida en diciembre de 2023, cuando los vecinos más veteranos tienen comprobantes de renta de sus departamentos desde los años setenta.
El pleito fue iniciado ante la Fidampu por Pedro Arellano, a quien identifican como un antiguo inquilino del edificio que, aprovechando la ausencia de los hermanos españoles que oficiaban de dueña y cobrador –Carmen Ramón Pérez, a quien nunca conocieron, y su hermano Emilio– ha intentado tomar control del lugar.
Ya habían sufrido y resistido un primer intento de desalojo con hombres armados en 2017, pero cuando en 2024 Arellano acudió a la Fiscalía Ambiental, sí logró expulsarlos masivamente del edificio con apoyo estatal, sin mayor explicación, como cuentan las vecinas en el video.
“Enséñame que traes una orden”, exigió una de ellas a los agentes del Ministerio Público, que acudieron al mando de Rosalba Lara Ramírez. “Me dijeron que uno qué iba a saber si uno es ignorante”, le dijeron los funcionarios cuando exigió por sus derechos. “Esta no era la forma en que tenían que hacer las cosas”, reclamó.
Cinco días después del operativo de aseguramiento, y ante el cierre de la calle en protesta, siete funcionarios de Fidampu acudieron a llevar “citatorios” para que los vecinos se presentaran en el Búnker, “a ver en calidad de qué estaban ocupando y si es posible entregarles algún tipo de menaje”, según les dijo una de las agentes en el reportaje de video.
Los funcionarios ministeriales llegaron liderados por el MP Luis Ángel Pérez López, quien estuvo a cargo de vaciar arbitrariamente otros cuatro departamentos el 24 de febrero de 2022, en la colonia San Rafael, caso que se reporta en la edición impresa de junio 2025, de la revista Proceso.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 0024 de la revista Proceso, correspondiente a junio de 2025, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.
La primera entrega de esta investigación, donde se explica el mecanismo del despojo de la Fiscalía Ambiental de la Ciudad de México, se publicó en la edición 2420 de Proceso (marzo 2023) y en este enlace.
