COATLÁN DEL RÍO, Mor. (apro).- Defensores públicos y una representación de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en México (ONU-DH) entrevistaron a 22 mujeres internas del penal federal de reinserción social ubicado al poniente de Morelos, quienes han denunciado haber sido víctimas de tortura a lo largo de sus procesos.
Integrantes de la visita consideraron que Brenda Quevedo y Verónica Razo, quienes fueron víctimas de una detención arbitraria y de tortura, deberían ser puestas en libertad a la brevedad posible dadas las irregularidades y violaciones a derechos humanos a las que han sido sometidas.
La representación se presentó al penal ubicado en la comunidad de Michapa, en Coatlán del Río, para hablar con las 22 mujeres que llevan seis, ocho o hasta 15 años recluidas, pero sin sentencia.
La iniciativa de esta visita, según Netzaí Sandoval, director general del Instituto Federal de la Defensoría Pública, fue del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, para “responder a la grave situación que enfrentan las mujeres en reclusión”.
El propio presidente de la SCJN acudió hace unas semanas a hablar directamente con internas del Penal de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México.
Una de las conclusiones de la visita al penal federal 16, que fue encabezada por el propio Netzaí Sandoval y por el representante adjunto de la ONUDH en México, es que “la prisión preventiva representa un problema sistemático por su excesiva duración. En México la prisión preventiva no es una excepción, sino una regla y esto tiene que parar, tiene que corregirse”.
Sandoval calificó la prisión preventiva como una “injusticia que tenemos que cambiar” porque “las personas inocentes no pueden seguir compurgando estas penas adelantadas que nos demuestran que nuestro sistema de justicia tiene que cambiar”. Aseguró que prácticamente la mitad de la población penitenciaria de país se encuentra en prisión preventiva.
Brenda Quevedo, una de las personas entrevistadas por esta comisión, está presa desde el 28 de noviembre de 2007 acusada del secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, supuesto hijo biológico de Isabel Miranda y José Enrique del Socorro Wallace. Como se ha informado ampliamente en Proceso, el caso está lleno de inconsistencias y actos bizarros.
Del caso se ha ocupado el analista Ricardo Raphael, quien ha presentado pruebas en las páginas de la revista sobre la inexistencia del delito, pero sobre todo sobre la inexistencia del propio Hugo Alberto Wallace Miranda. Sin embargo, Brenda Quevedo está por cumplir 15 años en prisión preventiva por lo que parece ser un delito inexistente.
En el mismo caso y por el mismo supuesto delito se encuentra Juana Hilda González, con quien también platicó la representación en el penal federal de Coatlán del Río.
Verónica Razo, por su parte, se encuentra en prisión preventiva desde junio de 2011, acusada de secuestro y delincuencia organizada, sin embargo, hay pruebas que demuestran que fue víctima de detención arbitraria, tortura física, psicológica y sexual por parte de los agentes de la entonces Policía Federal.
Su caso incluso ha sido parte del informe del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas, sin embargo, el aparato judicial del país ha hecho todo para que Verónica continúe en prisión preventiva. La ocasión más reciente que le negaron la libertad fue hace unos días, el 19 de julio de 2022, cuando el Juez Octavo de Distrito del Estado de México le negó la libertad argumentando que “no tenía comprobantes de domicilio recientes”.
Cortesía de Proceso.
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