“Cuando estamos tratando de ayudar a otros, o cuando vamos a la corte para defender el caso de alguien, enfrentamos amenazas e intimidación”, dice Mary Kini, de Highlands Human Rights Defenders Networks.
Costo personal
Durante más de 14 años, Kini ha estado trabajando para ayudar a las víctimas de la violencia relacionada con la brujería y la violencia de género en Papúa Nueva Guinea, a pesar del alto costo personal que a menudo conlleva.
Kini se unió recientemente a sus compañeros defensores de derechos humanos Eriko Fuferefa, de la Asociación de Mujeres de Colonos Urbanos de Kafe, y Angela Apa, de Kup Mujeres por la Paz en Monte Hagen, para una consulta de tres días sobre el desarrollo de un proyecto de ley de Protección de Defensores de Derechos Humanos.
“Durante muchos años no hemos estado protegidos y algunos defensores de los derechos humanos han sido asesinados en el camino”, dijo Fuferefa. “Algunos de ellos son abusados o torturados. Tenemos tantos moretones”.
Tras la promoción de la Iniciativa Spotlight, ahora hay una mayor implicación política en los problemas de violencia contra las mujeres y los niños, como lo demuestra la primera Investigación Parlamentaria Especial del país sobre la violencia de género, que entregó recomendaciones al Parlamento y ha logrado avances legislativos notables en el área de violencia relacionada con la acusación de brujería.
“Solo querían matarme”
Las prácticas para identificar a los acusados de brujería varían entre distritos, pero generalmente, cuando alguien ha muerto inesperadamente, la familia del difunto consulta a un Glasman (hombre) o una Glasmeri (mujer) para identificar quién es el responsable en la comunidad.
Las acusaciones de hechicería por parte de cualquiera de estas dos figuras han llevado a la tortura y el asesinato de docenas de mujeres en Papúa Nueva Guinea. Si bien las acusaciones pueden dirigirse tanto a hombres como a mujeres, la mayoría de las víctimas de la violencia son mujeres.
“Cuando murió mi esposo, lo llevamos a su pueblo y allí su familia comenzó a sospechar que yo lo había matado, así que planearon cortarme la cabeza y enterrarme con mi difunto esposo”, explica un sobreviviente. “No era cierto, solo querían matarme”.
“La gente tiene estas costumbres, estas creencias”, dijo Kini. “Cuando aparece un Glasman o una Glasmeri y dice algo, la gente automáticamente reacciona a lo que está diciendo”.
Iniciativa Spotlight/Rachel Donovan
Eriko Furerefa, defensora de derechos humanos, de la Asociación de Mujeres de Colonos Urbanos de Kafe, Goroka, Provincia de las Tierras Altas Orientales, en Papúa Nueva Guinea
Un cambio muy esperado
Las enmiendas al Código Penal hacen que sea ilegal utilizar, intentar usar o amenazar con usar sus servicios. Las sanciones incluyen hasta diez años de cárcel y multas de hasta 10.000 de kinas, la moneda oficial del país.
En presentaciones a la investigación parlamentaria especial en 2021, el grupo de referencia de la sociedad civil de Spotlight (del cual Kini es copresidenta) recomendó que el Gobierno revise las políticas y leyes que abordan las normas sociales que permiten la violencia relacionada con la brujería, incluida el uso de un glasman y una glasmeri.
“Esto es muy importante y estoy muy contenta de que haya pasado, ya que es algo que hemos estado pidiendo durante mucho, mucho tiempo”, concluyó Kini.
Violencia relacionada con acusaciones de brujería
- La consulta realizada en asociación con la Iniciativa Spotlight y la Comisión de Reforma de la Constitución y la Ley fue la primera de cuatro que se llevaron a cabo en marzo en Papúa Nueva Guinea, para avanzar en una legislación que proteja mejor a los defensores de los derechos humanos de las represalias o la intimidación en el curso de su trabajo.
- Los defensores de los derechos humanos a menudo son atacados cuando ayudan a una sobreviviente de violencia relacionada con acusaciones de brujería porque se considera que interfieren en una práctica consuetudinaria, o cuando ayudan a las supervivientes de violencia de género a mudarse de provincia porque se considera que se entrometen en un asunto de familia.
- Según los informes de los medios, cada año se notifica un promedio de 388 casos de violencia relacionada con acusaciones de brujería en cuatro provincias de las Tierras Altas, pero el temor a las represalias significa que el número real de víctimas es probablemente mucho mayor.
Cortesía de Naciones Unidas.
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