Tras la reciente oleada de homicidios perpetradas por las pandillas salvadoreñas, que provocó la posterior declaración del estado de excepción por parte de la asamblea legislativa de la nación centroamericana, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos destacó este martes su preocupación por la respuesta de las autoridades.
“Reconocemos los desafíos que plantea la violencia de las pandillas en El Salvador y el deber del Estado de garantizar la seguridad y la justicia. Sin embargo, es imperativo que esto se haga respetando el derecho internacional de los derechos humanos”, dijo la portavoz de la Oficina de Michelle Bachelet.
Liz Throsell destacó que desde la declaración del estado de emergencia el pasado 27 de marzo se habría producido un uso “innecesario y excesivo” de la fuerza por parte de los cuerpos policiales y militares desplegados en las zonas de influencia de las bandas, conocidas como maras.
Liz Throssell informó de que la intervención de las fuerzas de seguridad se saldó con la detención de más de 5747 personas sin la consiguiente orden de arresto, y que algunas de ellas fueron sometidas a presuntos tratos crueles, inhumanos o degradantes.
“Además del estado de excepción, nos preocupan profundamente ciertas modificaciones del derecho y del proceso penal. Éstas plantean serias preocupaciones desde la perspectiva del derecho y las normas internacionales de derechos humanos, por su imposición de elevadas condenas, incluidas las relativas a los niños, unidas a un deterioro de las garantías del debido proceso”, especificó.
Entre los cambios legales, Throssell explicó que los juicios contra los miembros de las pandillas pueden celebrase in absentia, una figura jurídica que comporta la celebración de un proceso penal sin la comparecencia del acusado, o presididos por los llamados jueces “sin rostro”, magistrados cuya identidad permanece confidencial. Al mismo tiempo, se ha eliminado el anterior límite de dos años para la detención preventiva.
Los adolescentes vinculados a las bandas que sean declarados culpables de crímenes graves pueden ser sentenciados como adultos y cumplir su condena en centros de detención para personas mayores en lugar de menores.
“Los (menores) que tienen entre 12 y 16 años deben cumplir ahora penas de 10 años de prisión en lugar de siete; y los que tienen entre 16 y 18 años deben cumplir sentencias de 20 años”, especificó.
Pese a reconocer los desafíos que provoca la violencia de las maras en El Salvador, la vocera recordó que el deber del Estado de garantizar los derchos humanos.
“Recordamos a El Salvador que el derecho a la vida, a no ser torturado, a un juicio justo y a la presunción de inocencia, así como las garantías procesales que protegen estos derechos, se aplican en todo momento, incluso durante los estados de excepción. Especialmente cierto en el caso de los niños”, advirtió.
Según fuentes de prensa, el Gobierno que preside Nayib Bukele pidió la declaración del estado de emergencia el pasado domingo 27 de marzo tras reportarse más de 80 asesinatos durante ese fin de semana.
Entre las normativas que se implementaron, se incluye la suspensión de la libertad de asociación, del derecho de defensa y de la inviolabilidad de la correspondencia.
Las medidas se aprobaron en principio por un mes, aunque la medida puede extenderse.
Cortesía de Naciones Unidas.
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