El gobierno de la Ciudad de México conocía con anticipación los preparativos de la marcha contra la gentrificación que se realizó el viernes en la Condesa y Roma Sur. Sin embargo, no esperaba los ataques contra establecimientos comerciales y privados y las diferentes consignas, a las que califica como “xenófobas”. A raíz de esto, Clara Brugada promete reforzar los controles sobre las regulaciones que ya existen alrededor de la vivienda e instalar mesas de diálogo con los diferentes sectores involucrados.
El problema de la vivienda se volvió uno de los principales para la actual administración. El aumento de la renta que provoca la expulsión de la comunidad local ante la llegada de personas extranjeras y los consecuentes cambios que esto provoca, como modificaciones en las dinámicas en las colonias y en la cultura, es un fenómeno mundial que ya golpea en la Ciudad. A esto se suma, además, los delitos relacionados a las invasiones y las usurpaciones en otras latitudes de la capital. Como si fuera poco, todo a menos de un año de que se realice el Mundial de Fútbol, lo que amenaza con profundizar estas dinámicas.
Brugada rechazó la violencia de la protesta anti gentrificación y prometió construir vivienda social
Este lunes, durante un acto que lideró en el Zócalo, Brugada manifestó que es “necesario rechazar la discriminación y la xenofobia” porque en la CDMX “todas y todos caben”. “Aquí no odiamos a nuestros vecinos”, aseguró. Esto se suma, además, a la promesa que realizó el sábado de avanzar en un protocolo para evitar que vuelvan a suceder escenas de violencia en este tipo de marchas ya que los ataques a distintos establecimientos encendieron las alarmas en el antiguo Palacio de Ayuntamiento.
Al mismo tiempo, el gobierno ya trabaja en una serie de medidas que buscarán atender esta problemática. La primera de ellas será acelerar la construcción de vivienda social al tener en cuenta, por ejemplo, que el presupuesto para dicha estructura se duplicó de cuatro mil millones de pesos en el 2024 a nueve mil en este ejercicio fiscal. En su campaña, Brugada prometió un mínimo de 200 mil nuevos hogares en su sexenio, un número que, por ahora, está muy lejos de ser realidad.
Brugada manifestó que es “necesario rechazar la discriminación y la xenofobia” porque en la CDMX “todas y todos caben
Otra medida que se aplicará será un mayor control sobre dos leyes que ya fueron aprobadas durante la administración interina de Martí Batres. La primera de ellas, el límite que establece que los alquileres a través de Airbnb no pueden superar la mitad del año, es decir, 182 días. La segunda, que las rentas no pueden estar por encima de la inflación del año precedente. Esto, advierten en el gabinete de Brugada, podría limitar los aumentos desproporcionados que expulsan a la ciudadanía local para recibir al turismo extranjero.
Durante el viernes, las protestas contra la gentrificación atacaron locales y comercios de la Condesa y Roma Sur.
Al mismo tiempo, el grupo parlamentario de Morena adelantó que en las próximas semanas se establecerá una mesa de diálogo entre las organizaciones que comandaron la protesta, el sector privado dedicado al turismo y el hospedaje y el gobierno local para alcanzar puntos comunes que permitan reducir el impacto de este fenómeno en la ciudad. “La gentrificación no es sólo un tema de políticas públicas; involucra también la forma en que se ofrecen servicios, se diseñan espacios comerciales y se protege o se borra la identidad”, sostuvo el vocero morenista, Paulo García.
La adopción de nuevas políticas y la búsqueda de soluciones al proceso de gentrificación es apremiante en la CDMX. Según un informe de El Economista, todos los años más de 20,000 viviendas de los deciles I al V de ingresos son expulsadas de la capital por el aumento desmedido de las rentas, lo que provoca la salida de la población local de colonias céntricas hacia otras regiones de la capital; lo que también impacta en el tráfico, la movilidad y el ordenamiento territorial y urbano de la ciudad más importante del país.
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